Comisiones del Senado de la República aprobaron el dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, acusada por opositores de “militarizar al país” y dar a las Fuerzas Armadas atribuciones que antes eran civiles.
La aprobación, que se dio sin modificaciones, ocurrió con 15 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, con lo que se busca “establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad y la soberanía e independencia nacionales del espacio aéreo mexicano”.
El senador Noé Castañón Ramírez, del opositor Movimiento Ciudadano (MC), defendió el voto en contra de su bancada a la propuesta, pues dijo que rechazan cualquier proyecto que busque “la militarización del país o aumentar las atribuciones de las Fuerzas Armadas en tareas civiles”.
El proyecto, que a principios de mes se aprobó en la Cámara de Diputados, propone que el Ejecutivo Federal sea quien garantice la soberanía de la nación sobre el espacio aéreo mexicano, además de que la Secretaría de la Defensa Nacional coordine la participación de las autoridades vigilancia y protección del mismo.
Asimismo, propone la creación del Sistema de Vigilancia y Protección de Espacio Aéreo Mexicano para coordinar a las dependencias para “inhibir o contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas y de aquellas que atenten contra la seguridad nacional”.
Del mismo modo contempla también la creación del Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo, que será responsable de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre dependencias para garantizar la protección del espacio aéreo.
Elí César Eduardo Cervantes Rojas, senador del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), justificó que esta ley atiende “un vacío legal” en el marco jurídico vigente y busca promover el debido resguardo del espacio aéreo mexicano.
Por su parte, Juan Antonio Martín del Campo, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), dijo estar de acuerdo con la protección del espacio aéreo, así como de eliminar y combatir la corrupción, pero propuso un ejercicio de parlamento abierto porque los senadores no “son expertos en la materia”.
Finalmente, Claudia Ruiz Massieu, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció que siempre que existe un vacío legal, en lugar de fortalecer a los organismos ya establecidos, el Gobierno le otorga esas funciones a las Fuerzas Armadas “aunque no le sean tareas propias por formación o disposición constitucional”.
La reforma se aprueba en medio de crecientes políticas de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le ha entregado a las Fuerzas Armadas el control de la GuardiaNacional, de obras como el Tren Maya y aeropuertos, de la vigilancia de puertos y aduanas, y de una próxima aerolínea.
Con información de EFE
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